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Agencias de actuación delictiva

15/05/2011 JOSÉ RAMÓN Villanueva

La crisis global se ha convertido en la coartada perfecta para que los sectores económicos y políticos más ultraconservadores se lancen a una fuerte ofensiva tendente a desmantelar las bases del Estado de bienestar reduciendo derechos laborales y sociales que tanto costó lograr. Como señalaba Naomi Klein en su libro La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre (2007), el capitalismo se está aprovechando de la crisis para introducir medidas de choque muy impopulares entre la población con el único fin de favorecer los intereses del conglomerado financiero y económico internacional, situación que constatamos día a día.

En fechas recientes, las profesoras de Economía Lourdes Benería y Carmen Sarasúa publicaron un excelente artículo titulado Crímenes económicos contra la humanidad en el que demandaban el reconocimiento este tipo de delito, así como poderlos investigar y juzgar con arreglo a la legislación penal internacional, al igual que ha ocurrido con los crímenes de genocidio cometidos en tiempos recientes en la antigua Yugoslavia o en Ruanda.

Como señalaba Paul Krugman, “tras las frías cifras, hay un inmenso panorama de sufrimiento”: en los dos últimos años, el número de hambrientos en el mundo ha pasado de los 850 a los 1.100 millones de personas y, según Eurostat en su último cálculo sobre la pobreza, 116 millones de europeos, sufren una de estas tres formas de exclusión social: índice de personas pobres, personas con privaciones materiales muy graves o personas que sobreviven con salarios muy bajos que apenas les alcanza para sus necesidades básicas. Shoshana Zuboff tiene razón al señalar que no es suficiente con acusar al sistema, a “los mercados” de la crisis, como tampoco lo sería culpar de los crímenes nazis a las ideas hitlerianas, y no a las personas concretas que los cometieron. Por ello, como detrás de un crimen siempre hay un criminal, que tarde o temprano deber ser juzgado legalmente, Zuboff nos señala como culpables del desastre económico a todos los que defendieron la liberalización de los mercados financieros, especialmente a Alan Greespan, el otrora todopoderoso jefe de la Reserva Federal de los EEUU; a los ejecutivos y empresas que se beneficiaron de las especulaciones en Bolsa, de las empresas que, como Lehman Brothers o la Agencia Goldman Sachs, fomentaron la llamada “economía de casino”, sin olvidar a todos los bancos que emitieron créditos-basura tóxicos.

Especialmente grave ha sido la actuación de las llamadas Agencias de calificación de riesgos. Hay que recordar que éstas, desde el 2001, calificaron al alza, previo pago por su asesoramiento, diferentes productos financieros (hipotecas basura y activos tóxicos) a los que otorgaron la máxima calificación, lo cual facilitó su difusión en los mercados financieros internacionales: si a mediados de 2006 había en el mundo sólo 9 empresas con la máxima calificación (triple A), en enero de 2008, eran ya 64.000, entre ellas Lehman Brothers o inversores como Bernard Madoff, calificación que lograron pocos días antes de declararse en quiebra, lo cual dice bien poco a favor de la fiabilidad de estas Agencias. Todo ello generó una burbuja especulativa financiera cuyo estallido, hizo que millones de personas perdiesen su empleo, su vivienda o ambas cosas. Por ello, las turbias prácticas de las Agencias de calificación se han convertido en auténticas armas de destrucción masiva por sus devastadores efectos económicos y sociales a nivel mundial, auténticos “crímenes económicos contra la humanidad”, razón por la cual deben de ser juzgados por la Corte Penal Internacional.

Especialmente escandalosa es la actuación de estas agencias desvalorizando las deudas públicas de algunos países, como es el caso de España, con lo que sus eventuales prestamistas lograban elevados beneficios. De este modo, sometían a los estados soberanos al chantaje de vincular su solvencia a las ventajas económicas que pudieran ofrecer a los especuladores.

Lamentablemente ningún gobierno, tampoco los de signo socialdemócrata, ha tenido el coraje de atajar este tipo de crímenes económicos, por lo que ha sido la sociedad civil la que ha pasado a la acción. Además del ejemplo de la ciudadanía de Islandia o del proceso penal en EEUU. contra Madoff, en el caso de España, el abogado Jaume Asens y Gerardo Pisarello, miembro de ATTAC-España y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, han promovido una querella penal contra las agencias de calificación de riesgo Moody´s, Standard & Poors y Fitch Ratings, la cual ha sido admitida a trámite por la Audiencia Nacional por la que éstas deberán de responder por dos acusaciones concretas: la de alteración del precio de la deuda pública y la de utilización ilegítima de información cualificada en beneficio propio, penada por los artículos 284 y 285 del Código Penal. Tal vez sea esta una lucha quijotesca contra unos molinos de viento que mueven, o mejor sería decir especulan, con la economía y las finanzas mundiales, pero lo cierto es que esta querella sólo supone una iniciativa jurídica y ciudadana contra la impunidad con que actúan este tipo de agencias y e también para abrir un debate sobre la necesaria depuración y democratización del actual sistema financiero.

No podemos resignarnos a aceptar el vaticinio de Warren Buffet, el multimillonario propietario de Moody´s, quien recientemente declaró que “esto es la lucha de clases, y la mía, la de los ricos, la está ganando”. No sería aceptable resignarse y, como nos decía Stéphane Hessel, además de indignarnos, debemos pasar a la acción, algo a lo que también nos insta Antón Costas, catedrático de Economía aplicada de la Universidad de Barcelona, quien advierte que, “si la política no recobra su autonomía frente a los mercados financieros y la sociedad no es capaz de manifestar su indignación, no habrá límites a la especulación, la volatilidad financiera y la desigualdad”. Este es un reto ante el cual debemos reaccionar los ciudadanos pues, de no hacerlo, estarán en riesgo los valores y principios sobre los que se sustenta nuestra democracia.

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