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El espionaje es más amplio que lo reconocido, según “The New York Times”

Agencia EFE

Sábado, 24 de diciembre 2005

Estados Unidos ha acumulado mucha más información sobre residentes en este país y en el extranjero como parte de su programa de espionaje sin permiso judicial, que lo reconocido por la Casa Blanca, según dijo hoy “The New York Times”.

La Agencia de Seguridad Nacional (NSA, en inglés) ha recogido los datos directamente de las redes de telecomunicaciones, gracias a la colaboración de las empresas del sector, según el diario, que dijo basarse en entrevistas con funcionarios y ex funcionarios del Gobierno, que no identificó.

Los expertos de la NSA han acumulado “grandes cantidades” de datos como quiénes son el destinatario y el receptor de llamadas y correos electrónicos, así como el origen, destino y la duración de los contactos.

Su objetivo es identificar “patrones que podrían apuntar a sospechosos de terrorismo”, es decir, sin que las intervenciones de las comunicaciones estuvieran ligadas a una persona específica, según el periódico neoyorquino.

En cambio, el presidente de EEUU, George W. Bush, ha indicado que el programa estaba restringido a vigilar los contactos internacionales de ciertos individuos en este país que tenían vínculos con el grupo terrorista Al Qaeda.

El programa de espionaje no sólo afecta a los residentes de EEUU, sino también a personas en el extranjero que se comunican con otros individuos también en el extranjero, pues muchas llamadas de un país a otro pasan por los denominados “conectores” en EEUU.

Gracias a esta ruta, la NSA ha tenido acceso a la información sobre esos contactos, según “The New York Times”.

Esta nueva revelación sobre espionaje se añade al descubrimiento de que el gobierno de EEUU ha vigilado los niveles de radiación en mezquitas, y en las casas y empresas de musulmanes, lo que algunos grupos islámicos han considerado discriminatorio.

También se ha sabido que la policía federal (FBI) ha investigado e incluso infiltrado en organizaciones ecologistas, pacifistas y de defensa de los derechos civiles, incluidas Greenpeace y la asociación “Gente para el Tratamiento Etico de los Animales” (PETA, en inglés).

Estas actividades se describen en más de 2.300 páginas de documentos internos que el FBI se ha visto obligado a divulgar tras una demanda interpuesta por la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU, en inglés) en el marco de una ley de transparencia.

La ACLU ha descubierto que ella misma está entre las organizaciones investigadas.

El FBI ha respondido que esas investigaciones no requerían ningún tipo de autorización judicial y que no ha escogido esas asociaciones por su ideología.

El tema del permiso judicial no está tan claro en el programa de espionaje de la NSA. Para elaborar los “patrones de interés” ha acumulado detalles como quién llama a quién, una investigación que “en muchas circunstancias” requeriría una orden judicial cuando se refiere a llamadas dentro de EEUU, según “The New York Times”.

La NSA no obtuvo ningún permiso de ese tipo. Las llamadas con origen o destino a Afganistán eran de un interés especial, de acuerdo al artículo.

“Cantidades enormes de información sobre el tráfico (de llamadas) -quién llama a quién, quién está en el círculo familiar y de amigos de (el líder de Al Qaeda) Osama Bin Laden- se usan para identificar líneas de comunicación que después son estudiadas con mayor atención”, dijo al periódico el ex gerente de una empresa de telecomunicaciones que ha colaborado con el gobierno de EEUU.

El diario no indica si la NSA continúa acumulando esta información o si ha interrumpido el programa.

Bush ha dicho que seguirán las escuchas secretas sin permiso judicial de las comunicaciones internacionales de individuos con supuestas relaciones con Al Qaeda, un programa que también fue revelado por “The New York Times” en base a fuentes anónimas.

El presidente ha afirmado que la autoridad para saltarse a los tribunales y ordenar la intervención secreta de las comunicaciones le viene de la Constitución y la resolución adoptada por el Congreso tres días después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Esa resolución permitía el uso de “toda la fuerza necesaria y apropiada” en respuesta a esos ataques, pero el líder de los demócratas en el Senado, Tom Daschle, señaló el viernes que no autorizaba a Bush a espiar en territorio nacional.

Periodista Digital

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